Un tribunal federal de Estados Unidos frenó nuevamente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular. La jueza Deborah Boardman calificó la ciudadanía como el “derecho más precioso” y argumentó que ninguna corte ha respaldado la interpretación de la administración sobre la Decimocuarta Enmienda.

“La ciudadanía es un derecho expresamente otorgado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución“, afirmó Boardman en su fallo desde el tribunal federal de Greenbelt, Maryland. La jueza explicó que su decisión busca proporcionar un alivio integral a los demandantes, entre los que se encuentran grupos de defensa de inmigrantes y madres embarazadas.

El fallo representa la segunda suspensión a nivel nacional contra la orden de Trump, después de que un juez en el estado de Washington también la declarara “flagrantemente inconstitucional”. Hasta el momento, 22 estados y diversas organizaciones han presentado demandas para impedir la implementación de la medida.

Debate sobre la Decimocuarta Enmienda

La controversia gira en torno a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a esclavos liberados y afroamericanos libres. En su texto establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

La administración Trump sostiene que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y, por lo tanto, no califican para la ciudadanía. “La Constitución no otorga la ciudadanía automática a los hijos de aquellos que han eludido las leyes de inmigración”, argumentó el gobierno en su respuesta legal.

Resistencia y apoyo dividido

Mientras 22 fiscales generales demócratas buscan bloquear la orden, 18 fiscales generales republicanos han manifestado su intención de defenderla en los tribunales. Estados Unidos es uno de los aproximadamente 30 países que reconocen la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio conocido como jus soli, que también se aplica en Canadá y México.

El plan de Trump se suma a una serie de acciones ejecutivas sobre inmigración firmadas en su primera semana en el cargo, algunas de las cuales han enfrentado retos legales similares. El futuro de estas políticas dependerá en gran medida de la aprobación de fondos por parte del Congreso, así como de la posibilidad de que el presidente utilice poderes de emergencia, como lo hizo en su primer mandato para financiar el muro fronterizo.